El Derecho Procesal es una de las ramas más dinámicas del ordenamiento jurídico, no solo porque regula el ejercicio del poder jurisdiccional, sino porque constituye el instrumento esencial para garantizar la tutela efectiva de los derechos. En el Ecuador, los últimos años han estado marcados por una serie de transformaciones que buscan modernizar y humanizar el proceso judicial. Sin embargo, los retos siguen siendo profundos y estructurales, y exigen una reflexión crítica desde la academia, la práctica y la administración de justicia.
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) en 2016, se dio un giro importante en el proceso civil ecuatoriano, al pasar de un modelo predominantemente escrito y formalista, a uno oral, concentrado y más ágil. El COGEP introdujo principios como la inmediación, la concentración, la celeridad, la economía procesal y el uso de medios tecnológicos, con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía.
No obstante, el paso de la teoría a la práctica ha evidenciado una serie de desafíos. Muchos juzgados, especialmente en provincias y cantones rurales, no cuentan con la infraestructura ni el personal adecuado para sostener audiencias orales de manera continua y eficiente. Además, los operadores de justicia no siempre han recibido la capacitación adecuada para aplicar de forma uniforme los principios del nuevo proceso. Como resultado, persisten prácticas propias del antiguo sistema escrito, lo que diluye los beneficios que se esperaban de la reforma.
Sobrecarga judicial: el enemigo silencioso de la justicia
La mora procesal es, sin duda, uno de los principales retos del sistema judicial ecuatoriano. La acumulación de causas, la falta de jueces especializados, las suspensiones frecuentes de audiencias y los recursos dilatorios impactan directamente en la garantía del debido proceso. Aunque el COGEP establece plazos para las etapas procesales, su cumplimiento es más la excepción que la regla.
A esto se suma la alta demanda en algunas materias, como familia y laboral, donde el acceso a la justicia es más frecuente pero también más sensible. La carga de trabajo de los jueces impide, en muchos casos, una atención personalizada y profunda de cada causa. De esta manera, el proceso se convierte en un trámite burocrático, más que en una instancia de justicia real.
Uno de los retos más profundos está en la formación de quienes ejercen el derecho. Muchos estudiantes brillantes, con vocación, que sin embargo llegan al aula con una visión del derecho muy centrada en el cumplimiento mecánico de normas.
Romper con esa visión formalista, e introducir una perspectiva crítica, garantista y humanista del proceso, es una tarea que no se resuelve en un semestre, de la misma forma los operantes de justicia, muchas veces, no han tenido acceso a formación continua ni a espacios para reflexionar sobre el impacto social de su trabajo.
Un juez no solo debe conocer el código, sino entender el contexto social de los casos que resuelve. De lo contrario, corremos el riesgo de tener procesos “correctos” desde lo formal, pero profundamente injustos en su resultado.
El Derecho Procesal no puede enseñarse únicamente como teoría. Debe enseñarse como una herramienta viva, que responde (o debería responder) a las necesidades reales de las personas. Y si no lo hace, entonces hay que cuestionarlo, repensarlo y proponer soluciones.
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En este sentido, la formación continua y especializada de jueces, fiscales, defensores públicos y abogados litigantes es una condición indispensable para mejorar la calidad del sistema procesal. La academia también tiene aquí una tarea clave: formar profesionales con una visión crítica, garantista y comprometida con los derechos humanos, capaces de leer el proceso no como una secuencia de actos, sino como una herramienta de transformación social.
La pandemia de COVID-19 forzó a los sistemas judiciales del mundo a incorporar el uso de tecnologías de la información en los procesos judiciales. En Ecuador, el Consejo de la Judicatura implementó la realización de audiencias virtuales.
Aunque estos avances son positivos, aún existen brechas significativas. El acceso a internet, la alfabetización digital y las condiciones técnicas no son iguales en todo el país. Esto genera una justicia desigual, donde quienes tienen acceso a mejores recursos tecnológicos pueden litigar con mayor eficiencia que aquellos en situación de vulnerabilidad.
Además, la implementación de tecnología debe ser acompañada por garantías claras que aseguren el respeto al debido proceso, a la publicidad, a la inmediación y al derecho de defensa. No se puede sacrificar justicia en nombre de la eficiencia tecnológica.
Un proceso verdaderamente justo no se mide solo por su estructura legal, sino por su capacidad real de incluir a todas las personas en la administración de justicia. En Ecuador, grupos históricamente excluidos, como comunidades indígenas, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, migrantes y sectores empobrecidos, enfrentan obstáculos significativos para acceder a un proceso judicial en igualdad de condiciones.
Las barreras económicas, lingüísticas, culturales y territoriales impiden que el Derecho Procesal cumpla con su función democratizadora. La Defensoría Pública y el patrocinio gratuito son avances importantes, pero insuficientes. Es necesario repensar el proceso judicial desde una perspectiva intercultural, inclusiva y con enfoque de derechos humanos, que respete la diversidad del país y garantice un acceso efectivo a la justicia para todos.
Finalmente, uno de los desafíos más complejos es lograr una armonización efectiva entre el Derecho Procesal ordinario, el Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. La Constitución ecuatoriana de 2008 establece un marco garantista, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, y a una justicia libre de formalismos innecesarios.
Ecuador es parte de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece parámetros sobre el acceso a la justicia, la razonabilidad de los plazos, la independencia y la protección judicial efectiva. Sin embargo, en la práctica, el proceso judicial aún mantiene resabios del positivismo legalista que entra en tensión con estos mandatos constitucionales y convencionales.
Esto obliga a repensar el Derecho Procesal desde una visión más integradora, que incorpore no solo la norma escrita, sino también los principios, valores y fines del Estado constitucional de derechos y justicia.
El Derecho Procesal es el “camino” para hacer valer los derechos. Pero ese camino, en el Ecuador de hoy, sigue lleno de obstáculos. Las reformas legales han sido importantes, sí, pero no suficientes. Hace falta una transformación más profunda, que involucre a jueces, abogados, académicos, estudiantes, y también a la ciudadanía.
El verdadero reto es construir un proceso que no sea solo eficiente, sino también justo; no solo moderno, sino también humano; no solo legal, sino verdaderamente legítimo.
Escrito por Estefanía Romero, docente de Derecho, sede Ambato, Universidad Indoamérica.
