En la era digital, las redes sociales se han consolidado como pilares fundamentales de la comunicación y la interacción social. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter) y WhatsApp han transformado nuestra manera de conectarnos, acceder a la información y participar en comunidades virtuales. Sin embargo, esta omnipresencia digital también ha abierto nuevas vías para la delincuencia, generando una creciente preocupación en Ecuador y a nivel global.
La facilidad con la que se pueden cometer delitos en línea, sumada a la complejidad de rastrear y sancionar a los responsables, representa un desafío significativo para la legislación y la seguridad cibernética en el país. Este artículo explora la intrincada relación entre las redes sociales y el aumento de los delitos cibernéticos en Ecuador, analizando las implicaciones legales y las estrategias para mitigar estos riesgos.
Cuando la virtualidad se convierte en delito
Las redes sociales, definidas por Boyd y Ellison (2007) como “servicios basados en Internet que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado”, han evolucionado desde simples plataformas de conexión hasta complejos ecosistemas donde convergen información, comercio y, lamentablemente, actividades ilícitas.
La popularización de estas plataformas ha sido meteórica, desde los inicios con SixDegrees.com en 1997 hasta el auge de MySpace y, posteriormente, el dominio de Facebook (fundado en 2004) y Twitter (2006). Cada una de estas redes ha aportado características únicas, pero todas comparten un denominador común: la capacidad de conectar a millones de personas en tiempo real, facilitando tanto la interacción positiva como la comisión de delitos.
En Ecuador, el aumento de la conectividad ha traído consigo un incremento en los delitos cibernéticos. La lista negra de FireHOL IP, que identificó 256 direcciones IP ecuatorianas asociadas con actividades sospechosas, es un claro indicador de la vulnerabilidad del país ante estas amenazas. Los ciberdelincuentes aprovechan la naturaleza global y anónima de las redes sociales para perpetrar una variedad de delitos, desde el phishing (Azeez et al., 2020) hasta el acoso cibernético, la suplantación de identidad y la distribución de contenido ilegal.
Una de las modalidades delictivas más preocupantes es el grooming, donde adultos contactan a menores con fines de abuso sexual. Las redes sociales proporcionan un terreno fértil para estos depredadores, quienes utilizan perfiles falsos y técnicas de manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas.
Asimismo, el happy slapping, que implica la grabación y difusión de agresiones en línea (García, 2022), se ha convertido en una forma de violencia que se viraliza rápidamente, causando un daño emocional significativo a las víctimas.
Las estafas y los fraudes también son comunes en las redes sociales. Los delincuentes se aprovechan de la confianza y la ingenuidad de los usuarios para obtener beneficios económicos ilícitos, utilizando tácticas como la venta de productos falsificados o la promoción de esquemas piramidales. La dificultad para rastrear y sancionar a los responsables, sumada a la falta de conciencia y educación sobre los riesgos en línea, contribuye a la proliferación de estos delitos.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador tipifica varios delitos informáticos, pero la legislación a menudo se queda corta ante la rápida evolución de las tecnologías y las nuevas formas de delincuencia.
La cooperación internacional y el fortalecimiento de la infraestructura de ciberseguridad son cruciales para combatir eficazmente estos delitos. Puede ver el resumen de las Normas jurídicas que establece los delitos y las penas por el COIP en el enlace: https://revistasfiecyt.com/index.php/riced/article/view/2/4
Hacia un futuro digital seguro
La influencia de las redes sociales en los delitos cibernéticos en Ecuador es innegable. Estas plataformas, si bien ofrecen innumerables beneficios en términos de comunicación y acceso a la información, también representan un riesgo significativo para la seguridad y la integridad de los ciudadanos. Para abordar este desafío, es fundamental fortalecer la legislación, promover la educación y la concientización sobre los riesgos en línea, y fomentar la cooperación internacional.
Las universidades, tienen un papel importante en la formación de profesionales capacitados para enfrentar estos desafíos. Es necesario promover la investigación y el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad, así como la formación de abogados y especialistas en derecho informático que puedan contribuir a la creación de un marco legal más robusto y eficaz.
En última instancia, la lucha contra los delitos cibernéticos en las redes sociales requiere un enfoque integral que involucre a todos los actores de la sociedad: el gobierno, las empresas, las instituciones educativas y los ciudadanos. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar un uso seguro y responsable de las redes sociales, protegiendo a los usuarios de las amenazas y promoviendo un entorno digital más seguro y confiable.
Escrito por: Ing. Alba Miranda, Mg, Docente Investigadora, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, Universidad Indoamérica
