En una sociedad como la nuestra, donde las Administraciones Públicas ejercen una notable influencia en la economía, su presencia se manifiesta en diversas actividades cotidianas. Desde la regulación de pequeños comercios hasta la supervisión de contratos laborales, el Estado interviene en numerosas interacciones económicas y sociales. Esta realidad moldea la relación entre los ciudadanos y el poder público, generando desafíos y oportunidades que merecen un análisis profundo.
La anécdota del puesto de limonada de la niña estadounidense ilustra de manera elocuente cómo el Estado regula incluso las actividades más simples de nuestra vida diaria. Si bien esta historia puede parecer exagerada, refleja una realidad en la que la burocracia y las regulaciones pueden llegar a ser intrusivas.
A lo largo de la historia, la relación entre el Estado y los ciudadanos ha experimentado una evolución significativa. Hemos pasado de la figura del súbdito, sujeto a la voluntad del rey, a la del administrado, cuya vida estaba regulada por el Estado. En la actualidad, la concepción se centra en el ciudadano como titular de derechos y deberes, lo que impone al Estado tres obligaciones fundamentales:
- Obligación de respeto: el Estado debe abstenerse de vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
- Obligación de garantía: el Estado debe establecer mecanismos para que los ciudadanos puedan reclamar si sus derechos son vulnerados.
- Obligación de promoción: el Estado debe crear un entorno propicio para que los derechos fundamentales sean efectivos y puedan desarrollarse. Esto implica la acción coordinada de todos los poderes estatales: el Legislativo, que elabora leyes para proteger y promover derechos; el Judicial, que interpreta y aplica estas leyes; y la Administración Pública, que ejecuta las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.
A pesar de estas obligaciones, la percepción generalizada es que el Estado no siempre cumple con su cometido de manera efectiva. La desconfianza hacia las entidades públicas se debe a problemas de corrupción, ineficiencia y falta de transparencia. Para entender por qué sucede esto, es necesario analizar la estructura y el funcionamiento del Estado.
Según la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 227 establece que la administración pública debe ser un servicio a la colectividad. Este servicio se rige por principios fundamentales como la desconcentración y la descentralización, que buscan acercar la atención a los ciudadanos y evitar la concentración de trámites en un solo lugar. Además, la prestación de servicios debe ser eficiente y eficaz.
La eficiencia implica optimizar los recursos para obtener los mejores resultados posibles, mientras que la eficacia se refiere a que las acciones del Estado tengan un impacto real en la vida de los ciudadanos.
Uno de los factores que contribuyen a la percepción negativa de la Administración Pública es la falta de comunicación entre los funcionarios y la ciudadanía. Los trámites burocráticos suelen ser complejos y están redactados en un lenguaje técnico que dificulta su comprensión. Para abordar este problema, se han implementado iniciativas como las “cartas de servicios”, que explican de manera clara y accesible los servicios ofrecidos por cada institución y cómo acceder a ellos. Sin embargo, en la práctica, muchas entidades públicas subutilizan herramientas similares, como las páginas web, que a menudo carecen de un lenguaje amigable para los ciudadanos.
Otro problema crucial es la selección de funcionarios. La Constitución establece que el acceso a la función pública debe ser mediante concursos de méritos y oposición. Sin embargo, en la práctica, este sistema se ve desnaturalizado por el abuso de contratos ocasionales, lo que permite la contratación de personal sin los concursos adecuados. Como señala Joan Prats i Catalá, una de las principales deficiencias de las burocracias latinoamericanas es que la selección de funcionarios no responde a criterios técnicos, sino a afiliaciones partidistas, carisma o relaciones personales. Este fenómeno perpetúa la ineficiencia y obstaculiza la profesionalización de la Administración Pública.
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En muchos países, este problema ya ha sido superado gracias a sistemas de mérito y carrera administrativa. Sin embargo, en Ecuador persiste un sistema en el que “el que gana, se lleva todo”: cuando un partido político llega al poder, coloca a sus afiliados en los cargos públicos, sin considerar su idoneidad para el puesto. Esto no solo afecta la calidad del servicio público, sino que también impide el crecimiento profesional de los funcionarios seleccionados por mérito.
Si queremos mejorar la Administración Pública, es fundamental exigir a los políticos una reforma profunda del sistema burocrático. No se trata solo de agilizar los trámites, sino de construir una Administración Pública eficiente, transparente y, sobre todo, que escuche y atienda a los ciudadanos de manera efectiva.
Esto implica fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, promover la transparencia en la gestión pública y garantizar la profesionalización de los funcionarios a través de concursos de méritos y sistemas de carrera administrativa.
En definitiva, la presencia del Estado en la vida cotidiana es un hecho innegable. Sin embargo, es necesario que esta presencia se traduzca en servicios públicos de calidad, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y contribuyan a construir una sociedad más justa y equitativa. Para lograrlo, es imprescindible que la Administración Pública se modernice y se adapte a los desafíos del siglo XXI, poniendo siempre en el centro de su acción el bienestar de los ciudadanos.
Escrito por Josselin Damaris Pozo Astudillo, estudiante de Derecho, modalidad semipresencial, Universidad Indoamérica.
